domingo, 13 de julio de 2008

Abogado Penalista: Nuevas Competencias

Con la entrada en vigencia de la ley 906 de 2004 se consagró un nuevo sistema procesal penal para Colombia de características acusatorias, entre las que se encuentra principalmente la oralidad, la publicidad y la inmediatez. Esto implica un cambio de paradigma, pues en vigencia del procedimiento penal anterior (ley 600 de 2000) reinaba la escritura y la reserva, lo que permitía, en algunos casos, que se fungiera como penalista, ya sea asumiendo el rol de fiscal, juez o defensor, con exagerada timidez, parsimonia e incluso no en pocos casos con falta de preparación académica.

La nueva forma de hacer el proceso penal exige y hace evidente la necesidad que sus protagonistas cultiven nuevas competencias, entre las que encontramos la fluidez verbal, agilidad, expresión corporal, manejo del lenguaje gestual, rapidez de pensamiento, manejo de la imagen, hasta el punto que en algunas ciudades del país se ofrecen cursos de teatro para abogados, y por su puesto, una gran preparación académica que permita un amplio conocimiento del derecho penal y los temas afines o auxiliares, como la criminalística, la criminología, la medicina legal entre otras.

La publicidad del procedimiento permite que todos los ciudadanos tengan acceso a las salas de audiencia donde se tramitan los procesos penales, y se percaten directamente de las fortalezas o deficiencias de los actuantes del proceso, de esta manera podemos asegurar que, en muy poco tiempo, la ciudadanía será el gran jurado que califique o descalifique con rigurosidad el desempeño del penalista en audiencia. Esto permite, sin temor a equivocarnos, que el penalista sin las competencias antes señaladas, o que yerre reiterativamente en las audiencias, haciendo evidente su falta de preparación y ausencia de aptitudes, sea excluido socialmente como por un proceso de selección natural. Por este mismo fenómeno, la calidad será evidente, lo que sin lugar a dudas dignificará la profesión de la que no se puede negar, se ha venido a menos por la poca selectividad permitida en el procedimiento anterior.

Este termómetro de la calidad del penalista no sólo aplica para los defensores, sino también para los fiscales, jueces, ministerio publico y defensores públicos, aunque para estos funcionarios, las consecuencias no sean las ideales, ya que en nuestro país la elección de estos servidores no esta democratizada. La implementación del voto popular para ser elegido en estos cargos, dentro de los procesos públicos, como el penal, sería una salida para lograr la agilidad y calidad en la justicia, ya que los jueces, fiscales, procuradores y defensores públicos de poca preparación o corruptos serían puestos en evidencia, gracias a la transparencia que permite la publicidad. Una decisión injusta será calificada como tal por la ciudadanía que conoció de primera mano el trámite y el aporte y práctica de las pruebas y de las alegaciones de las partes, lo que generaría la no reelección.

Para los abogados penalistas defensores y representantes de la víctima, particulares que opten por asumir la responsabilidad de preparación y la adquisición de las competencias que genera el nuevo sistema procesal penal, los beneficios no se harán esperar, pues el ejercicio responsable de la profesión dentro del nuevo proceso es generador del más honroso estatus profesional y social. El bajo residuo de litigantes de calidad para el nuevo proceso, sumado a las leyes de oferta y demanda repercutirán en las tarifas de honorarios que son parte integral del fenómeno de dignificación aludido.

En conclusión, la preponderancia y exigencia de la calidad en los actores, es otra de las fortalezas del nuevo proceso penal, la que contrasta con el letargo de las investigaciones por la falta de investigadores, fiscales y jueces.

1 comentario:

RAMON dijo...

Doctor Del Rio, felicitaaciones por su espacio en la red, es uno de los profesionales que tiene claro el cambio del derecho penal y su aplocacion en los demas campos.