viernes, 13 de febrero de 2009

Policia Judicial o la persecución técnica del delito

LA POLICÍA JUDICIAL DENTRO DEL MARCO DE LA LEY 906 DE 2004.

La ejecución de una conducta criminal trae consigo la condigna necesidad de aplicar el Ius Puniendi, dicha aplicación, como es sabido, se encuentra en cabeza de los jueces de la República, específicamente los que hacen parte de la Jurisdicción Penal.

El derecho penal debe ser aplicado, como todo derecho sustantivo, una vez se encuentren fijados, dentro un marco procesal, los hechos, esto implica la necesariedad que el juez penal tenga claras todas las circunstancias de tiempo, modo y lugar en que ocurrieron los hechos delictivos, para tomar las decisiones judiciales.

Por lo general, los funcionarios judiciales (Jueces y fiscales) sólo tienen la formación jurídica, pero para poder verificar las circunstancias en que se ha cometido un delito es necesario un conocimiento más especializado, el cual es prestado por un organismo auxiliar que colabora en las pesquisas materiales, esta función es conocida como policía judicial.

Concepto de policía judicial: Conforme al Art. 200 de la Ley 906 de 2004 , la policía judicial es la función que cumplen las entidades del Estado, para apoyar la investigación penal. Lo que indica que la policía judicial es equiparada legalmente a una función, que como se dijo consiste en auxiliar las pesquisas penales. Sin embargo, reiteradamente revisamos conceptos en los que se entiende la policía judicial como el cuerpo u organismo de creación legal encargado, bajo la dirección y coordinación de la fiscalía, de recolectar técnicamente los elementos materiales probatorios, evidencia física e información necesaria para el esclarecimiento de los hechos criminales. La policía judicial es la encargada de la persecución técnica del delito.

Órganos de policía judicial: Las funciones de policía judicial son ejercidas por organismos estatales, que cumplen dicha misión de tres formas distintas que son: permanentemente, transitoriamente y especialmente.

De conformidad con el Art. 201 de la Ley 906 de 2004, ejercen permanentemente la función de la policía judicial el cuerpo técnico de investigación de la Fiscalía, la policía nacional y el Departamento Administrativo de Seguridad - DAS. Es de anotar que conforme al parágrafo de la norma en cita, en los lugares del territorio nacional donde no exista policía judicial de la policía nacional, esta función la podrá ejercer la policía nacional.

De conformidad con el Art. 202 de la Ley 906 de 2004, ejercen una función permanente de policía judicial, pero de manera especial dentro de su competencia, la Procuraduría General de la Nación, la Contraloría General de la República, las autoridades de tránsito, las entidades públicas que ejercen función de vigilancia y control, los directores Regional y Nacional del INPEC, los directores de establecimientos de reclusión y personal de custodia y vigilancia, esto de conformidad con el Código Penitenciario y Carcelario, los alcaldes, y los inspectores de policía.

El Art. 203 de la Ley 906 de 2004, establece que transitoriamente pueden cumplir funciones de policía judicial los entes públicos que por resolución del fiscal general sean autorizados para ello.

La función de policía judicial también reviste dos modalidades a saber: una técnica, que involucra a los que realizan un trabajo de campo, tales como los investigadores encargados de las entrevistas, capturas, recolección de elementos etc., la otra, una especializada, destinada a los laboratorios y técnicas de criminalística, cumplen esta función, por ejemplo, los expertos en balística, los odontólogos forenses, los médicos legistas, los bacteriólogos forenses etc. Esta última función la compone también de conformidad con el Art. 204 de la ley en cita, el organismo técnico científico del Estado, cual es el Instituto Nacional de Medicina legal y Ciencias Forenses.

Vale decir que la función de policía judicial puede ser apoyada, en pos de los fines del proceso, por laboratorios y expertos particulares, ya sean nacionales o extranjeros. La policía judicial no está al servicio exclusivo de la fiscalía sino también del imputado o su defensor cuando estos así lo soliciten.

Es de anotar que las experiencias pasadas con respecto de la función de policía judicial no han sido buenas, en los casos en el que se ha dado libertad absoluta en el manejo de la investigación criminal o mejor dicho mientras han trabajado sin coordinación de funcionarios judiciales (Fiscales y jueces de instrucción). Los problemas radicaron específicamente en arbitrariedades y actos de corrupción que crearon una imagen desfavorable que, dicho sea de paso, se mantiene hasta nuestros días. Mediante la Ley 600 de 2000 e incluso desde el Decreto 2700 de 1991, se limitó la injerencia directa de la policía judicial, lo que implicó que estos sólo actuaban mediante la orden del funcionario judicial. La Ley 906 de 2004, revivió, dentro de un marco de características acusatorias, las amplias facultades de la policía judicial, aunque permanecen coordinadas por la fiscalía. Creemos que el problema de la policía judicial en Colombia tiene un doble enfoque, uno de los cuales está dado por la solvencia moral del personal de la policía judicial, quien no en pocos casos suele ser cuestionados. El otro enfoque de la problemática, está representado en la poca o nula preparación que estos funcionarios, en especial los de campo, poseen, aunado a la poca tecnología que se maneja, por obvias falta de recursos. En la práctica del nuevo sistema procesal, que con excepción de los casos de flagrancia y de connotación nacional, se encuentra colapsado, encontramos fiscales con más de cien indagaciones, y con menos de dos investigadores adscritos, esto supone un trabajo de poca calidad. Sin embargo, vale decir que la labor de policía judicial está coordinada por el fiscal quien cumple una función de control, para la que tendrá acceso ilimitado y en tiempo real a la base de datos de la policía judicial, esto de conformidad con el ART. 212 de la Ley 906 de 2004.

Dentro del nuevo sistema procesal, la policía judicial es protagonista activo, puede practicar varias diligencias. En la indagación e investigación: Recibir denuncias y querellas, realizar actos urgentes tales como inspección en el lugar de los hechos, inspección a cadáveres, entrevistas e interrogatorios, identificación, recolección y embalaje técnico de los elementos materiales probatorios y evidencia física.

La policía judicial actuará conforme a un programa metodológico que realiza el fiscal, luego de los actos de investigación iniciales, dicho programa metodológico, es elaborado como se dijo por el fiscal, en asocio con los integrantes de la policía judicial, conforme al Art. 207 de la Ley 906 de 2004y debe contener: la determinación de los objetivos de la investigación, los criterios para evaluar la información, la delimitación funcional de las tareas, los procedimientos de control en el desarrollo de las labores, y los recursos de mejoramiento de los resultados obtenidos.

La realidad de nuestro procedimiento requiere la presencia activa de la policía judicial en la investigación criminal, dada la implantación del sistema norteamericano, donde es así. Esto implica que hay que propender por el fortalecimiento de esta función, con la consiguiente mayor inversión en tecnología, formación académica y en valores.

4 comentarios:

Anónimo dijo...

GRACIAS POR ESTA CATEDRA SOBRE POLICIA JUDIAL, YA QUE ES COMPLEMEnto en nu8estra carrera

ENRIQUE DEL RIO GONZALEZ dijo...

Esperamos que siga consultando nuestros temas.

Saludos,

ENRIQUE DEL RIO GONZALEZ

magally dijo...

Muy buena la catedra, pero las inspecciones de policia deben ser permanentes, por las irregularidades y arbitrariedades que hacen los individuos, por ejemplo las invasiones las hacen los viernes por la noche y mas cuando el lunes es fecitvo, por no existir inspecciones permanentes, otro ejemplo los dueños de casas suspende los servicios a los inquilinos y tienen que esperar hasta el dia lunes o martes segun el caso, porque todo ocurre de noche, los policias no pueden hacer nada ya que las funciones de ellos son otras, en Santa Marta no hay inspecciones permanentes, por tal motivo es un caos. Es mas todas las inspecciones deben ser permanente al igual las comisarias de familia.

SILVIA MERCADO MATTOS dijo...

Silvia Mercado Mattos
U.S.B
Inicio enviando un gran saludo y enormes deseos de prosperidad constante para todos los participes de tan enriquecedor blog. En cuanto al tipo penal quiero recordar que en la mayoría de los casos somos las mujeres quienes nos vemos afectadas por esta conducta. Pero afortunadamente el legislador no ahorro esfuerzos para proteger a las personas en condición de inferioridad, la inferioridad después de haber leído sentencias de la corte tenemos claro que no es una discapacidad, pero que personas discapacitadas si podrán estar en inferioridad, A pesar del enorme esfuerzo del legislador este dejo algo de lado y fue la esfera jurídica del daño sicológico y moral que se le causa a una persona que ha sido afectada y vulneradas en sus derechos, mediante este tipo de conductas criminales, lo cual consideraría que fuesen tenidos en cuenta como una conducta de agravación del delito o como un delito en si .A mi parecer es muy importante que en ordenamientos normativos como el nuestro se le de mayor relevancia a los fallos jurisprudenciales debido a que los delitos evolucionan y presentan diferentes matices (con esto no quiero decir que no se les preste importancia )sino mas bien por ser un tipo complejo muchas veces lo taxativamente dispuesto en la norma no brinda la mayor cobertura para la eventualidad de los casos que se presentan a diario y por esta falencia son difíciles de contrarrestar por ende quedando en la impunidad muy importante determinar con gran precisión la internacionalidad del sujeto activo, porque a mi opinión este tipo penal puede presentar confusiones al arbitrio del sujeto pasivo ya que el supuesto agente no haya querido promover esta condición y no se lograron en este tipo penal Castigar todas las formas que atenten o lleguen a atentar contra los bienes jurídicos y derechos de las personas, en este caso la integridad de cada una de ellas.