sábado, 25 de septiembre de 2010

El Sistema Procesal Penal colombiano y sus reformas

EL SISTEMA PROCESAL PENAL COLOMBIANO FRENTE A LA REFORMA DE LA LEY 1395 DEL 12 DE JULIO DE 2010.

ENRIQUE DEL RÍO GONZÁLEZ

El sistema procesal penal colombiano, en la ultima década, ha experimentado importantes reformas, tendientes todas, a lograr los ideales de aplicación de justicia pronta y efectiva. De esta manera, se intentó con la ley 600 del 24 de julio de 2000, que consagró un proceso mixto con dos etapas procesales y una preprocesal. Las fases de investigación preliminar e instrucción revestían características del sistema inquisitivo, tales como la escritura, la reserva, y la concentración de funciones de investigación, acusación y decisión, en cabeza del fiscal; y la etapa de juicio con algunas características acusatorias como la oralidad y la publicidad. Este catálogo procesal entró en crisis, en especial por la mora generalizada en los procesos, generada por la acumulación de expedientes. Para solucionar estas talanqueras a los ideales de justicia pronta, se pensó en un proceso completamente oral, que permitiera la agilidad necesaria para solucionar el conflicto penal con más rapidez, por eso, se echó mano de un sistema acusatorio, para lo cual correspondió modificar la Constitución Política Colombiana, mediante el acto legislativo 03 del 19 de diciembre de 2002, en el cual se introdujeron los cimientos de un proceso penal moderno, plagado de características, como se dijo, acusatorias, que luego fueron decantadas mediante la Ley 906 del 31 de agosto de 2004. Con ella, se procuró instaurar un sistema penal con tendencia acusatoria, que permitiera superar los inconvenientes presentados desde la Ley 600 de 2000. (...)
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miércoles, 11 de agosto de 2010

Constitución y Medida de Aseguramiento en el Marco de la Ley 906 de 2004

Qué es una medida de aseguramiento
Las medidas de aseguramiento están consagradas a nivel internacional, con la finalidad de lograr la comparecencia del procesado y proteger a la comunidad y a la víctima, y evitar la obstrucción de la actividad probatoria.

La legislación y jurisprudencia colombiana, en concordancia con los tratados internacionales, encuentra justificada la medida de aseguramiento, y además coherente con el derecho fundamental y principio rector de presunción de inocencia.

La doctrina históricamente ha criticado la imposición de las medidas de aseguramiento, por ser considerada una consecuencia penológica anticipada, que su imposición vulnera indirectamente derechos diferentes a la libertad, que presume la responsabilidad penal del indiciado, y por la precariedad de los motivos razonablemente fundados y la inferencia racional y el desconocimiento en la práctica de los fines constitucionales. Lea aquí todo el Documento